Las IPS que prestan sus servicios de salud en el departamento de Córdoba advirtieron que la desidia generalizada, a todo nivel, “evidencia que la enfermedad de todo pueblo o pandemia muestra síntomas claros de su presencia”, en la crisis del sector.

Así lo hicieron saber a través de un pronunciamiento público dirigido al Ministro de Salud y Protección Social, Procurador General de la Nación, Superintendente Nacional de Salud, Defensor del Pueblo, Gobernador de Córdoba y Alcalde de la capital, suscrito por los representantes de las clínicas Montería, Zayma Ltda, Central OHL Ltda, Traumas y Fracturas S.A., Cardiovascular del Caribe S.A.S., Fundación Clínica Del Río, Evaluamos IPS Ltda, Fundación Amigos de la Salud e Instituto Médico de Alta Tecnología – Imat Oncomédica Ltda.

"Ya son varios los caídos y muchos los afectados que seguirán cayendo uno a uno con la bendición del Gobierno Central y organismos de control y de la defensa de los intereses ciudadanos que, ante la innegable crisis que afecta al sistema de salud en Colombia, han resuelto (como si se tratara de un cuento de terror y no de la falta de ejercicio de sus responsabilidades) hacerse los de los oídos sordo”, sostienen.

Actualmente, la cartera de las instituciones en mención alcanza los 252.701 millones 982 mil 604 pesos.

Denunciaron que las EPS, especialmente las de carácter estatal, emplean prácticas para disfrazar la realidad de las obligaciones a su cargo, con hasta más de 360 días en mora, sin contar con las entidades liquidadas.

Las prácticas denunciadas son las siguientes:

-No se autorizan tratamientos prestados y requeridos por pacientes.

-Se objetan para pago procedimientos y tratamientos de urgencia vital prestados a sus usuarios.

-Se devuelven por cualquier razón facturas aun en contra de lo dispuesto en la Ley y si se reciben y no se objetan no se cargan en su totalidad en los sistemas de información de las entidades. La normatividad para pago no se respeta.

Aseguran que “la falta de pago y el despliegue de prácticas dilatorias para el mismo, tienen a las IPS en un desequilibrio económico evidente que pone en riesgo la prestación efectiva del servicio de salud y conducen a que el funcionamiento del sistema sea imposible. El Gobierno, a pesar que no obliga ni vigila a las EPS a pagar, exige a las IPS prestar los servicios habilitados, pero, para ello, se deben pagar profesionales de salud, proveedores, empleados, créditos y costos financieros que mes a mes se generan y no dan espera”.

En Córdoba se registran más de 300 mil usuarios del sistema, 4.500 familias que dependen económicamente de las IPS, más de 32 municipios atendidos “y un departamento entero a puertas de una muerte anunciada”.

Pese a ello, “no se ve en el escenario nacional o no se materializa por lo menos, una atención de este fenómeno en sus verdaderas dimensiones, por parte de los entes de control. Pensar que esta crisis no afecta a quien lee este comunicado, supone no necesitar de los servicios de salud de ninguna categoría nunca, porque cuando el colapso ocurra, no habrá cama privada, pública, contributiva, subsidiada, prepagada ni POS que pueda atender las dolencias nuestras, de nuestros hijos y padres”.

También cuestionaron la responsabilidad del Estado por la desatención de esta situación y aun más de los funcionarios que por acción u omisión “están permitiendo la generación de un mayor descalabro patrimonial de la Nación cuando se vea llamada a responder por las afectaciones y muertes causadas por su falta de efectividad en el control y vigilancia en lo relacionado al sistema de salud con tan buena concepción, pero con tan mala ejecución, en especial en los últimos tiempos”.

Ante ello, requirieron a los funcionarios competentes propiciar el escenario para celebrar un comité interinstitucional que estudie a a fondo el tema y que por lo extenso requiere de reuniones consecutivas que busquen llegar a soluciones precisas, efectivas y definitivas que beneficien a la totalidad de los actores del sistema.

Finalmente, convocaron “a un análisis real, sistemático y detallado de la actual crisis pandémica del sistema de salud que está afectando a muchos de sus actores y terminará por acabarlo y colapsarlo, a menos que exista voluntad política del Gobierno y los congresistas, ausentes por completo hasta ahora, de soluciones de forma real y en la práctica de la presente situación sin más maniobras dilatorias”.